Senado y sector bancario trabajan para proteger a adultos mayores del fraude
La Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional, presidida por la senadora Wandy Soto Tolentino, llevó a cabo una vista pública para atender la Resolución del Senado 75, de su autoría, que busca investigar los protocolos y medidas de las instituciones financieras para prevenir la explotación económica de adultos mayores.
“Sabemos que por años Puerto Rico ha enfrentado diversas situaciones, y quizás este es uno de los temas más abarcadores y delicados que hemos tenido que atender como pueblo. Para mí es un honor y un privilegio, pues provengo del sector bancario, con más de 20 años de experiencia en la empresa privada, en varios bancos y en posiciones de alta gerencia. He podido conocer los protocolos que existían entonces y los que se mantienen vigentes. Por eso es tan importante la presencia de ustedes aquí”, expresó Soto, adelantando que se celebrarán más vistas sobre el tema.
Exposición de la OPPEA
La licenciada Stephanie Rivera, en representación de la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA), señaló que la meta de la entidad es mejorar las condiciones de vida de la población adulta mayor y garantizar su bienestar físico y emocional conforme a la política pública. Indicó que uno de los casos más difíciles de atender es cuando un familiar autorizado en la cuenta o un apoderado utiliza el dinero del adulto mayor para su beneficio.
Rivera informó que para el año fiscal 2023-2024, la OPPEA recibió 147 querellas de explotación financiera, en comparación con 46 registradas en 2013-2014, reflejando un aumento sostenido. En lo que va del año fiscal 2024-2025, hasta abril, se han recibido 85 querellas. Las estadísticas también reflejan que, en términos de maltrato y delitos hacia personas de edad avanzada, 2,103 querellas identifican a hijos(as) como perpetradores, 296 a otros parientes y 282 a personas desconocidas.
Explicó que, al recibir un referido de explotación financiera de una institución financiera, cooperativa o aseguradora, la Unidad de Protección y Defensa de la OPPEA lo evalúa, contacta al remitente y al adulto mayor, y asesora sobre cómo prevenir el fraude si no se confirma la irregularidad. La Oficina también colabora con la policía y la fiscalía en el encausamiento criminal y ofrece asesoría legal al adulto mayor o a cualquier persona que actúe a su favor.
A preguntas de Soto sobre cuántos casos se han esclarecido, Rivera respondió que el tiempo de resolución depende de si se recurre al tribunal. Se comprometió a enviar la información en un plazo de cinco días laborables y señaló que, en casos de emergencia, la atención se brinda en 24 horas.
Exposición de la Asociación de Bancos
La licenciada Zoimé Álvarez Rubio, presidenta de la Asociación de Bancos, sostuvo que la industria bancaria está comprometida con la protección financiera de adultos mayores e incapacitados. Indicó que los protocolos se rigen por la Ley Núm. 121-2019 (“Carta de Derechos y Política Pública a favor de los Adultos Mayores”), la Ley Núm. 76-2020 (“Ley Especial para Prevenir la Explotación Financiera contra los Adultos Mayores y Adultos con Impedimentos”), y el Reglamento 9368 de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.
A nivel federal, explicó que aplican las directrices del Interagency Statement on Elder Financial Exploitation. Entre las medidas preventivas que los bancos recomiendan están: revisar periódicamente balances y transacciones, reportar de inmediato cualquier actividad sospechosa, establecer controles internos, y crear contraseñas seguras de al menos 12 caracteres.
Ante una pregunta sobre cómo se protege la confidencialidad del cliente, Álvarez aclaró que la información de cuentas solo se divulga mediante orden judicial o autorización del titular. Añadió que la Asociación desarrolla campañas educativas sobre fraudes, robo de identidad y delitos cibernéticos.
Llamado legislativo
La senadora Soto reiteró que la Legislatura, junto al sector privado y agencias gubernamentales, debe trabajar en conjunto para actualizar y fortalecer las leyes. “Queremos crear una ley que sea una alerta con vigor, con promoción en centros, tiendas y bancos, y que tenga verdadero alcance”, concluyó.
