Senado busca frenar discrimen en compra de viviendas con fondos federales
La Comisión de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Estatus, presidida por el vicepresidente senatorial Carmelo Ríos Santiago, celebró una vista pública junto con la Comisión de Vivienda y Bienestar Social, presidida por la senadora Jamie Barlucea Rodríguez, para evaluar la viabilidad de una nueva ley que prohíba la discriminación en la adquisición de viviendas mediante programas federales.
El Proyecto del Senado 679, presentado por Ríos Santiago, propone crear la Ley para la Gestión de Fondos de Recuperación Destinados a la Compra de Viviendas y la Repoblación de Municipios. Su objetivo es garantizar que los beneficiarios de programas federales de recuperación post-desastre, como el CDBG-DR, puedan adquirir viviendas seguras y libres de discrimen.
“Esta medida atiende un tema que se ha convertido en una urgencia… la falta de vivienda asequible en Puerto Rico y el discrimen que enfrentan familias que participan de programas para la compra de viviendas”, expresó la senadora Barlucea Rodríguez.
La iniciativa busca frenar el éxodo poblacional en municipios impactados por desastres, donde la pérdida de residentes afecta la base contributiva y los servicios esenciales. Según la exposición de motivos, prácticas como el rechazo de vales federales, la alteración de términos de venta o la difusión de información falsa han impedido que el 66% de las familias beneficiarias logren adquirir una vivienda.
La medida tipifica como práctica discriminatoria la negativa a vender, negociar o anunciar propiedades a participantes del programa R3, así como inducir a otros a no venderles. El Departamento de la Vivienda tendría a su cargo la tramitación de estas transacciones y el procesamiento de querellas, imponiendo multas administrativas de hasta $5,000 por violación, con ciertas excepciones.
Opiniones en la vista pública
Apoyo condicionado del CDBG-DR
El licenciado Carlos Olmedo, director de Programas de Planificación de CDBG-DR, respaldó la medida, pero solicitó enmendar el Artículo 7, que regula querellas y multas. Recomendó que Vivienda remita estas querellas a la Oficina de Vivienda Justa y Oportunidad Equitativa del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD FHEO), en lugar de atenderlas internamente.
El proyecto también enmienda el Código de Rentas Internas para fijar en 2% la contribución sobre ganancias de capital en ventas a beneficiarios certificados, bajo condiciones específicas. Olmedo sugirió ampliar el beneficio a inversionistas para incentivar la inversión privada y acelerar procesos de reubicación.
Asociación de Realtors de Puerto Rico
Su representante, Milton Serrano, apoyó la medida y rechazó todo acto de discrimen en la compra o rehabilitación de viviendas, pero advirtió que no todo rechazo constituye discriminación. Planteó que un vendedor puede aceptar una mejor oferta y que los corredores no deben ser responsables por actos atribuibles a los dueños.
Postura de la AAFAF
El licenciado Luis Roberto Rivera Cruz indicó que la Autoridad mantiene una posición reservada hasta que la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) evalúe el impacto fiscal. Sin embargo, reconoció que la medida se enmarca en una política pública que vincula la recuperación de infraestructura y vivienda con la estabilidad fiscal de los municipios y el Gobierno Central.