Senado evalúa prohibición de swipe fees en Puerto Rico
La Comisión de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Status del Senado de Puerto Rico que preside el senador y vicepresidente del Senado Carmelo Ríos Santiago, llevó a cabo una vista pública el martes, 26 de agosto de 2025 para evaluar el Proyecto del Senado 675.
¿De qué se trata esta medida?
Se trata de una pieza legislativa de la autoría precisamente de Ríos Santiago que busca enmendar la “Ley para Prohibir la Imposición de un Cargo Adicional por Utilizar una Tarjeta de Crédito o Débito en las Transacciones de Venta” y la “Ley para que Toda Persona Natural o Jurídica que Preste Servicios Provea al Menos Dos (2) Alternativas de Pago a sus Clientes".
¿Qué buscan con las enmiendas?
Prohibir el cobro de tarifas adicionales por el uso de tarjetas de crédito y débito en determinadas transacciones comerciales dentro de la jurisdicción de Puerto Rico, cargos comúnmente conocidos como "swipe fees" o tarifas de intercambio.
Sostiene el autor en la exposición de motivos de la medida que "estas tarifas funcionan como un impuesto oculto que distorsiona la estructura de precios al añadir costos no declarados durante las transacciones iniciales."
La génesis del proyecto
De acuerdo con el autor del proyecto, uno de los grupos que se ha visto afectado por estos cargos son las donaciones que se hacen a organizaciones sin fines de lucro, toda vez que hay casos donde imponen un fee de 2 a 3% del total del monto donado por el mero hecho de realizar dicha transacción.
¿Esto es una práctica en otros lugares?
Sí, de hecho el senador Carmelo Ríos en su exposición de motivos detalla que el Estado de Illinois adoptó legislación en el 2024 que impide la aplicación de estas tarifas sobre los montos de impuestos de ventas, impuestos especiales y propinas, siempre que el comerciante informe adecuadamente estos conceptos al banco adquirente. Similarmente lo hizo el estado de Colorado en el 2025 con la aprobación de la "Swipe Fee Fairness and Consumer Safeguards Act".
Con el Proyecto del Senado 675 se busca traer a Puerto Rico esa legislación que han adoptado otros Estados y particularmente -alude la exposición de motivos- que en el caso de Puerto Rico, "aunque técnicamente los establecimientos cumplen con la obligación de ofrecer pagos electrónicos (con tarjetas de débito o crédito), en la práctica los desalientan mediante la aplicación de costos extra, lo que afecta especialmente a las personas de bajos ingresos que dependen de estos métodos para administrar sus finanzas."
Las enmiendas propuestas
Con las enmiendas que propone la medida ninguna institución financiera, procesador de pagos, red de tarjetas de crédito y débito, bancos adquirentes, bancos emisores, proveedores de servicios comerciales o cualquier otra entidad que facilite, autorice, procese o liquide transacciones con tarjetas de crédito y/o débito, podrá recibir o cobrarle a un comerciante alguna tarifa adicional, ya sea en forma de cargo, comisión, recargo, “surcharge”, tarifa de intercambio o cualquier otro cobro impuesto directa o indirectamente al consumidor o comerciante por transacción o transferencia electrónica (“swipe fee”) sobre cualquier monto.
La medida establece que los comerciantes deberán implementar los mecanismos tecnológicos necesarios para identificar y separar los montos correspondientes a impuestos, propinas o donaciones para notificar oportunamente a la institución financiera, procesador de pagos o red de tarjetas de crédito y/o débito.
El proyecto considera que un cargo por transacción o transferencia electrónica (“swipe fee”) es todo aquel cargo que le cobra un comerciante a un cliente cada vez que este utilice una tarjeta de crédito o débito para realizar una transacción comercial.”
Intensa jornada en vista pública
La vista pública en la que se evaluó esta medida dio comienzo a eso de la 1:00pm y pasadas las 5:00pm todavía continuaba en la silla de los deponentes la Lcda. Yasiris Torres Rivera, en representación del Departamento de Asuntos al Consumidor.
¿Qué pasó en esa vista pública?
Compareció a la audiencia, el licenciado Cirilo Cruz Tejada en representación de la Asociación de Comercio al Detal (ACDET), quien favoreció la medida. Dijo: “El Proyecto del Senado 675 representa una medida de equidad, transparencia y competitividad. Su aprobación corrige una práctica onerosa que afecta a todo el ecosistema comercial en beneficio de un solo sector, protege al consumidor al eliminar costos ocultos y alinea a Puerto Rico con las tendencias regulatorias más modernas en Estados Unidos”.
También, a favor se expresó la licenciada Brenda Pérez de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS). “Aunque el PS675 no constituye una materia de fiscalización dentro de la jurisdicción primaria de la OCS, su correcta implantación podría tener un impacto directo en los asegurados que como consumidores venimos llamados a proteger bajo el Código de Seguros. La eliminación de swipe fees injustificados garantiza que los asegurados (en calidad de consumidores) reciban la totalidad de la cobertura contratada y que ninguna prima, beneficio o indemnización se vea reducida por cargos indebidos.
Igualmente, se presentó a deponer Steve Rauschenberger, exsenador del Estado de Illinois. “Reconozco que todo lo que podamos hacer para reducir los costos al consumidor es positivo a largo plazo. Pero también es positivo a largo plazo que el cliente cuente con una tarjeta de crédito segura, que se sienta cómodo, que no tenga que ir constantemente a cajeros automáticos para obtener efectivo. Si se piensa en los costos evitados y los beneficios adicionales que obtiene el cliente al usar la tarjeta de crédito, se entiende mejor”, manifestó el deponente.
De otro lado, compareció Mabel Jiménez, presidenta ejecutiva de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas (COSSEC), quien indicó no endosar la medida. “Entendemos que es loable la intención legislativa con la medida propuesta, pero en este momento COSSEC no endosa el PS675 ya que puede ser impugnado en los tribunales federales como en el caso de Illinois. Además, podría tener efectos adversos para los consumidores en el aumento de costos indirectos al cargárseles el costo que conlleve la programación de la maquinaria para llevar a cabo los propósitos del PS675”, dijo Jiménez.
¿Por qué COSSEC dijo que la medida puede ser impugnada en tribunales? Porque en el caso de la legislación aprobada en Illinois, la Ley fue suspendida por los tribunales tras una ataque a las disposiciones de la misma -por lo menos hasta julio del 2026-.
También, acudió a la audiencia la licenciada Mónica Rodríguez, en representación de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) quien no apoyó el proyecto como está redactado. “Estamos posicionando a Puerto Rico como jurisdicción en desventaja. Esto representa un cambio drástico en lo que es la estructura de pagos que conllevaría a unos gastos de programación que terminaría redundando en el propio consumidor. Las herramientas de prevención de fraude y ciberseguridad que se utilizan actualmente serían trastocadas y representan una carga desproporcional en instituciones más pequeñas”, indicó la deponente quien abogó por una coalición.
Igualmente, en oposición a la medida compareció la licenciada Zoimé Álvarez, presidenta de la Asociación de Bancos. “Se trata aquí de intervenir con un asunto medular en el funcionamiento del uso de tarjetas de crédito y débito en nuestra jurisdicción, que tendría un serio impacto adverso en el sistema de pagos de Puerto Rico y, por ende, en la economía en general”, mencionó Álvarez. La deponente añadió que el fee que se cobra “es por un servicio que se está dando”.
En iguales términos, mostró reservas con la medida la licenciada Torres Rivera, en representación del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO). “El PS675, aunque bien intencionado, podría resultar en consecuencias perjudiciales tanto desde el punto de vista constitucional como económico. En lugar de avanzar una regulación que pueda ser declarada inconstitucional o redundante frente al marco federal ya existente”, dijo Torres. A su vez, la deponente recomendó explorar un enfoque alterno que refuerce la educación financiera del consumidor, fortalezca los mecanismos de divulgación y promueva la cooperación con las entidades reguladoras con peritaje en la materia.
La pieza legislativa continuará su proceso de discusión en el Senado, el presidente de la Comisión de Relaciones Federales y autor de la medida descartó los rumores de que el proyecto vaya a ser considerado en la sesión legislativa del jueves, 28 de agosto de 2025.
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